Hoy, Puerto Rico conmemora la abolición de la esclavitud. Esta semana me encuentra pensando en mi abuela y en las muchas formas en que el colonialismo sigue presente, cargando una herencia de explotación y daño que no se ha ido.
Mi abuela vivió en las secuelas de un huracán y de la abolición en Puerto Rico
Mi abuelita era una mujer afroboricua que creció en un barrio pobre, marcada por la ausencia y la sobrevivencia. Nació a principios de los años 30, casi 50 años después de la abolición de la esclavitud. Su papá, un hombre negro, apenas podía cuidarla después de que su mamá muriera de enfermedad cuando ella era solo una bebé. A su madre la describían como “india” o “taína”, pero sabemos que esas palabras muchas veces intentan simplificar algo mucho más complejo, hacerlo más cómodo, más digerible. Me tomó años poder nombrar y entender mi herencia afroindígena.
Cuando mi bisabuela murió después de un huracán que azotó la isla, no dejó solo escombros. En su paso también llegó la enfermedad, como suele pasar cuando la infraestructura colapsa, cuando el Estado se ausenta, cuando la recuperación es desigual y la sobrevivencia se convierte en una carga que recae sobre las familias que menos tienen. Hoy, de ella solo conozco el nombre, no la persona que fue. Lo único que me queda es el rastro de esa tormenta.
Mi abuela creció dentro de esas secuelas, formada no solo por la pérdida, sino por las condiciones que hicieron posible esa pérdida. A veces me pregunto cómo era ese Puerto Rico de principios del siglo XX, ese de 1900 a 1930, mientras ella aprendía a moverse entre reglas no dichas de raza y clase, en una colonia que solo se podía entender a través del lenguaje de la sobrevivencia.
Y aun así, Emma vivió. Levantó una vida desde la escasez, desde el duelo, desde un paisaje tan duro como la sociedad que todavía arrastra las mismas tensiones de raza y clase. Su herencia, callada y sin registro, vive en mí, pero también es la historia de Puerto Rico.
La abolición: lo que nos dicen y lo que quedó pendiente
Sabemos que la esclavitud en Puerto Rico fue abolida oficialmente el 22 de marzo de 1873, una fecha que muchas veces se presenta como un corte limpio en la historia. Pero incluso en ese momento, la abolición ya venía comprometida.
Las personas esclavizadas no recibieron su libertad completa de inmediato. Muchas fueron obligadas a entrar en sistemas de “aprendizaje”, forzadas a seguir trabajando para quienes antes las esclavizaban durante años después de la emancipación, todo bajo el régimen español. Las compensaciones, cuando se dieron, no fueron para quienes habían sufrido el robo de su trabajo, sino para quienes se habían beneficiado de él. La libertad, en ese sentido, fue administrada como una transición, no como una ruptura, diseñada para que el orden económico continuara con el menor cambio posible. ¿Qué más se puede esperar de un sistema construido sobre la explotación?
Lo que conmemoramos hoy no es una liberación completa, sino una libertad negociada, incompleta.
Una cláusula en la constitución de Puerto Rico
Hay una cláusula que poca gente conoce, pero que ocupa un lugar clave en esta historia.
El marco constitucional de Puerto Rico todavía permite el trabajo forzado como castigo por un delito, repitiendo un lenguaje que hace eco de la cláusula de excepción en la Decimotercera Enmienda de Estados Unidos, que abolió la esclavitud mientras dejaba una puerta abierta para su continuación bajo ciertas condiciones. Podemos debatir la legalidad de nuestra constitución colonial, pero esta cláusula no se puede ignorar.
Su redacción puede parecer técnica, hasta burocrática, pero sus implicaciones son profundas. Ha impactado a miles de familias. Crea un espacio legal donde la coerción sigue siendo posible, donde el trabajo se puede imponer bajo condiciones de restricción, y donde la línea entre castigo y explotación se vuelve cada vez más difícil de definir.
¿Cómo se ve el encarcelamiento en Puerto Rico hoy?
Puerto Rico mantiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del Caribe y América Latina, con una población de aproximadamente 8,000 a 9,000 personas en años recientes, según datos del Departamento de Corrección y reportajes del Centro de Periodismo Investigativo.
Investigaciones han documentado un sistema con deficiencias persistentes: hacinamiento, infraestructura deteriorada y acceso limitado a servicios médicos adecuados. Se han reportado retrasos en tratamientos, complicaciones prevenibles y condiciones que ponen a las personas encarceladas en riesgo constante. El acceso a educación y programas de rehabilitación también es desigual, limitando las posibilidades reales de reintegración.
Dentro de este sistema, las personas encarceladas realizan labores que sostienen el funcionamiento diario de las instituciones: mantenimiento, cocina, limpieza. Aunque muchas veces esto se presenta como rehabilitación, surgen preguntas éticas importantes cuando esa participación no es realmente voluntaria, cuando la compensación es mínima o inexistente, y cuando negarse puede traer consecuencias.
En ese contexto, la línea entre rehabilitación y coerción se vuelve borrosa.
La continuidad: de la plantación a la prisión
Esta continuidad no es casual. A lo largo de las Américas, estudios han demostrado cómo los sistemas de encarcelamiento surgieron, en parte, para controlar a poblaciones recién liberadas de la esclavitud, reproduciendo jerarquías de control y extracción de trabajo a través de estructuras legales.
Puerto Rico no es la excepción. Las herencias del colonialismo, la estratificación racial y la dependencia económica siguen determinando quién es más vulnerable a la vigilancia, al castigo y al encarcelamiento, y quién desaparece dentro de esos sistemas. La permanencia de esta cláusula es un hilo directo que conecta esas historias.
Cómo se ve la abolición hoy depende de nosotros
En Puerto Rico, si la abolición va a significar algo más que una fecha, hay que entenderla como un proceso en curso, no como algo terminado.
No basta con eliminar una categoría legal. Hace falta desmontar las condiciones que permiten que reaparezca bajo otras formas.
Tenemos que preguntarnos si las personas son realmente libres de coerción, si su trabajo es verdaderamente voluntario, si los sistemas que rigen sus vidas operan con dignidad. Una libertad que puede suspenderse por una excepción legal sigue siendo frágil.
Por los ancestros que resistieron y transformaron esta isla
Hoy honramos a quienes resistieron y sobrevivieron: a los africanos esclavizados que lucharon por su libertad, a los cimarrones que crearon comunidades propias, y a los afroboricuas cuyas aportaciones culturales, espirituales e intelectuales siguen moldeando la isla, aunque muchas veces no se reconozcan como se debe.
También honramos a personas como mi abuela, cuya vida se dio mucho después de la abolición, pero dentro de estructuras que nunca soltaron del todo. Su fuerza no vino de la ausencia de dificultad, sino de su persistencia.
Una lucha continua
Hoy hay un movimiento creciendo en la isla que busca enfrentar estas contradicciones directamente. Una coalición de organizadores, abogados y miembros de la comunidad está empujando para eliminar la cláusula de trabajo forzado de la constitución de Puerto Rico.
Su base es sencilla: si la esclavitud es ilegal, tiene que ser ilegal en todas sus formas, sin excepciones.
Únete a la coalición para eliminar la cláusula de excepción
Si esto te resuena, considera ser parte de este esfuerzo. Estamos construyendo una red de personas comprometidas con la investigación, la organización, la narrativa y el cambio de política pública.
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Fuentes y para seguir leyendo
Centro de Periodismo Investigativo (CPI). “Salud mental en prisión.”
Centro de Periodismo Investigativo (CPI). “Pacientes de salud mental imputados de delito…”
Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Cobertura sobre las cárceles en Puerto Rico.
Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. Informe sobre muertes bajo custodia (2011–2024).
Constitución de Puerto Rico, Artículo II, Sección 12.